El pasado 04 de febrero se celebraron en El Salvador las elecciones presidenciales, un curioso monólogo, que protagonizó y ganó con sobrados números (supuestamente 97,7% de los votos), sin rivales aparente, el no menos curioso Nayib Bukele (Partido Nuevas Ideas), una figura denostada adentro y fuera de su país dado su tendencia a prácticas antidemocráticas, cuya imperfección maravilla a la población centroamericana.
Bukele, de apenas 42 años, quien nació (1981) en el marco de las tensiones sociales lideradas por la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, efecto de la guerra civil que afligió a la nación durante una década, se proclamó reelecto en una flagrante violación a la Constitución salvadoreña que en modo alguno ofrece esa opción. Está prohibido.
Pero Bukele ha logrado construir una imagen ajusticiadora, que le ha permitido maniobrar en la frontera que pone en evidencia transgresiones a la justicia que enfatiza defender. Es así como logró reelegirse, a través de un procedimiento harto manipulador el cual consistió en, primeramente, un permiso de seis meses que le otorgó la Asamblea Legislativa para poder optar, casualmente, a esos comicios del domingo 04 de febrero de 2024.
Una vez con el permiso, esa licencia entró en vigencia el 01 de diciembre de 2023 y se prorrogará hasta el 31 de mayo de 2024. El ex vicepresidente Freddy Ulloa también goza de ese beneficio, ya que aspiraba a la reelección. Así las cosas, Claudia Juana Rodríguez fue la seleccionada por Bukele para que ejerciera el cargo como presidenta de El Salvador. La Asamblea legitimo la solicitud sin problemas.
De esa manera, los Poderes Legislativo y Electoral, debidamente controlados por el Ejecutivo, dieron luz verde a un segundo mandato, quebrantando nada más ni nada menos que seis artículos de la Constitución Nacional que data desde 1983, y un estado de conciencia nacional, que vertía en la Carta Magna toda protección a los excesos del poder Ejecutivo. Si ese órgano hubiera sido respetado, hace mucho rato que los integrantes del Poder Judicial, el Legislativo y Electoral hubieran perdido sus derechos ciudadanos, a juzgar por el artículo 75 de dicha Constitución.
Sin embargo, todo se origina desde el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual el 03 de septiembre de 2021 (Bukele ya era presidente) emitió una resolución histórica y desafiando a la Constitución, abonó el terreno para que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral para una segunda ocasión”. Aquí hubo una obvia ruptura del hilo constitucional.
De modo que la Asamblea Legislativa, bajo el dominio del partido de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó al titular de la Sala Constitucional y a cuatro magistrados y cinco suplentes. Un traje judicial a la medida del Presidente.
Más allá de toda sospecha, la Carta Magna, en el mencionado artículo 75, señala que pierden los derechos de ciudadanos, entre otros quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.
No hay dudas que las imperfecciones de Bukele llaman la atención de propios y extraños. Es evidente que, más allá de las interpretaciones del colectivo, que añora seguridad ciudadana, (de allí el espectáculo de las pandillas y el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot) el Mandatorio Nacional salvadoreño, ejerce una neodictadura, en especial, con el atributo autocrático y hegemónico de la gobernanza, que rompe el modelo democrático.
Demócracia o dictadura, también la derecha tiene Dictaduras.