Albert Einstein, sentenció: “No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos” sin embargo, los comisionados de Miami Dade, al menos la mayoría, parecen resolver los dilemas cambiándolos de lugar y no enfrentándolos o buscando soluciones funcionales y viables. Ahora, el conflicto de la nueva planta procesadora de basura toma un nuevo giro, ante la presión impuesta por una comunidad en específico. Y es que Miramar alzó su voz de manera contundente en contra de la propuesta de construir un nuevo incinerador de basura en el antiguo aeropuerto Opa-locka West, situado en la frontera con el Condado de Broward.
La oposición a este proyecto movilizó a miles de residentes, líderes comunitarios y organizaciones, quienes consideran que la instalación del incinerador en esta ubicación no solo es una amenaza para la salud pública, sino también un claro ejemplo de injusticia. Más de 20,000 residentes de Miramar firmaron una petición para detener la construcción de la planta de residuos. Este movimiento fue impulsado por la preocupación por los posibles efectos nocivos que una planta de esta magnitud podría tener en la salud y bienestar de la comunidad. Para muchos, la instalación de un incinerador de basura tan cerca de áreas residenciales es una amenaza directa a la calidad del aire y al medio ambiente.
Por su parte, el Ayuntamiento decidió llevar la lucha directamente a la comisión del condado. Con el fin de garantizar una representación significativa en la reunión donde se decidirá la ubicación del centro de reciclaje, el Ayuntamiento está organizando un viaje en autobús para llevar a más de 250 residentes al cónclave el próximo 4 de septiembre. Este esfuerzo refleja la determinación de la comunidad de exigir que se tomen en cuenta sus preocupaciones.
Es necesario subrayar que la Comisión de Miami-Dade está evaluando tres posibles ubicaciones para el nuevo incinerador de residuos, siendo cada una de ellas objeto de debate y controversia. Una opción es Doral, donde se encontraba el antiguo incinerador que se incendió en febrero del año pasado. Esta ubicación, aunque familiar, presenta desafíos debido a la necesidad de reconstruir y modernizar las instalaciones. Otra opción es Medley, un área industrial donde el Condado tendría que adquirir o arrendar el terreno necesario para la construcción del incinerador. Sin embargo, este sitio también ha generado inquietudes debido a su proximidad a comunidades residenciales.
Un punto de fricción es, lo que muchos consideran, la “falta de transparencia” en el proceso de toma de decisiones por parte del Condado Miami-Dade. Michael Goldstein, abogado de la Ciudad de Miramar, criticó duramente la manera en que la administración de Daniela Levine Cava ha manejado el proyecto, y pide una mayor participación de la comunidad afectada en las decisiones que impactan su futuro.
Levine Cava, indicó que aún están evaluando las propuestas y que la decisión final se basará en estudios exhaustivos. Aunque parece haberse tomado demasiado tiempo en su campaña de reelección y en promover candidatos afines y desde directrices partidistas a varios puestos en juego, como el de Sheriff.
El Departamento de Desechos Sólidos del condado maneja un presupuesto millonario. A pesar de ello, se aprobó en Miami Dade un aumento en la tarifa de la recolección de basura, de 547 dólares por hogar a 661. Por si fuera poco, para la potencial construcción de la nueva planta de residuos, se necesitan unos 1500 millones que seguramente saldrán de los bolsillos del contribuyente de una forma u otra.
Es hora de buscar y encontrar esas soluciones de las que hablaba al principio, de lo contrario ¿para qué sirven los funcionarios electos?