Particularmente me congratula la apertura de una oficina nueva de mi empresa SOLASI en el corazón Homestead. Comunidad conocida por una fuerte presencia centroamericana y latina. La migración es un tema candente y resuena como pan de cada día entre las personas que se acercan al Redland Market Village. Sobre todo, después de muchas noticias grandilocuentes, foros de debate social y nuevas políticas estatales y federales que redefinen el camino e imponen restricciones a las personas irregulares.
Florida implementó la regulación más estricta contra la inmigración ilegal en la historia del estado. La ley SB-2 busca endurecer las sanciones contra los inmigrantes indocumentados y fortalecer la seguridad pública. Esta legislación introduce nuevas restricciones en documentos de identificación, educación y aplicación de la ley migratoria. La medida generó un intenso debate entre legisladores y la comunidad. Aunque mucha culpa tiene la prensa progresista y la extrema izquierda de instaurar un ambiente de miedo injustificable.
El gobernador DeSantis defendió la nueva ley como una medida necesaria para restaurar el estado de derecho en Florida. Argumentó que es responsabilidad del estado colaborar con la administración federal en la eliminación de la inmigración ilegal. Ojo, no de la inmigración controlada y por vías previamente establecidas acorde a cada proceso.
La norma impone penas más severas a los indocumentados que cometan delitos, incluyendo cadena perpetua en casos graves. También prohíbe el otorgamiento de licencias de conducir a inmigrantes sin estatus legal. Además, fortalece la cooperación entre las agencias locales y el ICE para la detención y deportación de indocumentados.
Uno de los aspectos de la ley es la criminalización del voto de no ciudadanos. Se tipifica como delito grave que un inmigrante indocumentado emita un voto en elecciones estatales o federales. No se aceptará la defensa basada en el desconocimiento del estatus migratorio del votante. Asimismo, quienes soliciten o faciliten el voto de un no ciudadano enfrentarán consecuencias legales. Esta disposición ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles por considerarla excesiva.
Otra disposición clave es la restricción en documentos de identificación y licencias de conducir. La nueva normativa prohíbe la emisión de estos documentos a inmigrantes sin estatus legal. Además, se redefine el concepto de «pasaporte válido» para excluir aquellos sin reconocimiento federal. Los ciudadanos naturalizados deberán actualizar su documentación en un plazo de 30 días tras su cambio de estatus. Esto podría generar complicaciones para quienes aún estén en proceso de regularización migratoria.
La ley también endurece las penas para inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas. Se introduce la categoría de «delincuente peligroso no autorizado» para miembros de pandillas criminales sin estatus legal. Se establecen penas más severas para delitos cometidos por inmigrantes indocumentados. La normativa contempla cadena perpetua para delitos graves y penas de hasta 30 años para ciertos delitos de primer grado. Estas medidas buscan desincentivar la permanencia de inmigrantes en situación irregular en el estado.
Las reglas sobre detención y fianza también cambiaron significativamente. Ahora, el estatus migratorio será un factor determinante para conceder o negar la fianza. Inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos no podrán ser liberados antes de su primera audiencia judicial. En caso de confirmarse su estatus migratorio, se presumirá un alto riesgo de fuga. Esto resultará en la detención sin fianza salvo que se demuestre lo contrario, lo que podría prolongar la estancia en prisión de muchos acusados.
La creación de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración es otra pieza central de la legislación. Este organismo supervisará la implementación de acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g). Además, se creará un Consejo de Aplicación de la Ley de Inmigración para asesorar a la junta. La estructura estará compuesta por el gobernador, el fiscal general del estado y otros altos funcionarios. Su propósito es coordinar esfuerzos para una aplicación más estricta de las leyes migratorias en Florida.
Para financiar estas medidas, se ha estableció un Programa de Subsidios para la aplicación de la ley migratoria. Se destinarán fondos a agencias locales para fortalecer la colaboración con el gobierno federal. El programa también prevé recursos para el alquiler de celdas destinadas a la detención de inmigrantes. Se otorgarán bonificaciones a oficiales locales que trabajen en colaboración con el ICE. Estas inversiones buscan reforzar la infraestructura de control migratorio en Florida.
La ley también prohíbe las políticas de «Ciudades Santuario» en el estado. Se ampliará la definición de estas políticas para incluir cualquier medida que limite la cooperación con agencias federales. Todas las jurisdicciones locales deberán acatar órdenes de detención emitidas por el ICE. Los funcionarios que no cumplan con esta disposición podrán enfrentar multas y sanciones disciplinarias. Esta prohibición refuerza la postura del estado contra la protección de inmigrantes sin estatus legal.
Otra disposición relevante es la creación del Programa de Transporte de Inmigrantes no Autorizados. Este programa, gestionado desde la Oficina del Gobernador, financiará el traslado de inmigrantes fuera del estado. La medida busca reducir la presencia de indocumentados en Florida mediante su reubicación. El programa tendrá vigencia hasta junio de 2027 y operará bajo supervisión del ICE. Ha generado controversia por la incertidumbre sobre el destino y tratamiento de los trasladados.
Otra ordenanza es la eliminación de exenciones de matrícula universitaria para indocumentados. Se revocarán los beneficios que permitían a estudiantes sin estatus legal pagar tarifas estatales reducidas.
Para implementar esta ley, se ha aprobado un presupuesto de 250 millones de dólares. Se destinarán recursos a la Junta de Aplicación de la Ley de Inmigración y a subsidios para agencias locales. Se asignarán fondos recurrentes y no recurrentes al Departamento de Agricultura para reforzar controles fronterizos. Se contratarán nuevos empleados y oficiales para fortalecer la seguridad estatal. Estas inversiones buscan garantizar la aplicación efectiva de la normativa.
La oposición demócrata cuestiona la constitucionalidad de la nueva legislación. Argumentan que la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal. Por otro lado, sectores conservadores argumentan que es un paso necesario para reducir la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad pública. Sostienen que la normativa disuadirá a inmigrantes sin estatus legal de establecerse en Florida. También consideran que refuerza la autoridad del estado en la aplicación de políticas migratorias.
La nueva ley de inmigración de Florida representa un cambio radical en la política estatal. Su impacto es y será amplio, y sin duda afectará a diversas comunidades y sectores económicos. El tiempo dirá si estas medidas cumplen sus objetivos sin generar efectos colaterales negativos. Mientras tanto, la regulación migratoria sigue siendo un tema central en la política de Florida y del país.