La inmigración es uno de los temas centrales en cualquier escenario político de los Estados Unidos y cada decisión o hecho impacta de manera directa en numerosos países de América Latina. Desde enero de 2023, la Administración Biden facilitó la entrada de casi 1,2 millones de personas a través de programas de libertad condicional y la aplicación CBP One, según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas. El programa de libertad condicional humanitario que ha permitido la entrada legal de 494.799 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. De estos, 205.026 son haitianos, 118.706 venezolanos, 106.757 cubanos y 93.325 nicaragüenses. El resto corresponde a citas programadas en la frontera.
Estos programas, no obstante, enfrentan numerosos retos. La capacidad de procesamiento y la infraestructura en los puertos de entrada deben mantenerse al día con la creciente demanda de inmigrantes. Además, es esencial asegurar que los procesos de investigación y autorización sean rigurosos para mantener la seguridad y el orden en la admisión de inmigrantes.
En paralelo y en un esfuerzo por enfrentar el caos migratorio actual, la Casa Blanca anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para repatriar a inmigrantes en situación irregular que transitan hacia el norte a través de la selva del Darién, una ruta frecuentemente utilizada por migrantes, y que ha sido escenario de numerosos abusos y crímenes. Solo en 2023, medio millón de personas cruzaron por esta geografía fronteriza, enfrentando amenazas de bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Organizaciones como Human Rights Watch señalan que tanto Colombia como Panamá no brindan la protección ni el apoyo necesarios a los migrantes que atraviesan este inhóspito terreno.
Sumado a esto, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido calificada como la «ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo», con aproximadamente 700 muertes o desapariciones, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones. La situación se agrava por el control que ejercen los cárteles de la droga mexicanos sobre los movimientos migratorios, convirtiendo esta ruta en un nuevo foco de criminalidad que expone a los migrantes a innumerables peligros. Los cárteles mexicanos de la droga no solo están involucrados en el tráfico de estupefacientes, sino que también gestionan el flujo de migrantes a través de la frontera, explotando a personas desesperadas en busca de una vida mejor. Estos grupos criminales cobran cantidades exorbitantes para guiar a los migrantes por rutas peligrosas, extorsionándolos y, en muchos casos, sometiéndolos a abusos físicos y sexuales.
Casi la mitad de las desapariciones ocurren durante los peligrosos cruces por los desiertos de Sonora y Chihuahua. Estos desiertos son conocidos por sus condiciones extremas, con altas temperaturas, escasez de agua y fauna salvaje que representan amenazas constantes. No obstante, el riesgo no se limita a las condiciones naturales. Los migrantes también enfrentan la amenaza de ser capturados y explotados por los cárteles, quienes a menudo utilizan estas rutas para introducir drogas en Estados Unidos. A pesar de los obstáculos e incertidumbres, el año pasado, el número de personas que intentaron cruzar la frontera alcanzó cifras récord, reflejando la magnitud de la crisis.
Entretanto, en un trágico desenlace que ha conmocionado a la comunidad, Southwest Key, el principal proveedor de centros de acogida para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, fue acusado de cometer abusos sexuales «graves y generalizados» y de acosar a los menores bajo su cuidado, según una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La demanda alega que empleados de Southwest Key, incluidos supervisores, han violado, tocado inapropiadamente o solicitado sexo e imágenes desnudas a niños bajo su cuidado desde al menos 2015. Con sede en Austin, Southwest Key opera bajo contratos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. La organización gestiona 29 albergues para niños migrantes, distribuidos en 17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California. Los niños bajo su cuidado tienen edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
Entre los incidentes denunciados se destaca el abuso repetido de un niño de 5 años en un refugio de Southwest Key en El Paso. Además, en 2020, un empleado en un centro de acogida en Tucson, Arizona, llevó a un niño de 11 años a un hotel durante varios días, pagándole por participar en actos sexuales. Según la demanda, los niños fueron amenazados con violencia contra ellos mismos o sus familias si denunciaban los abusos. Testimonios de víctimas revelan que, en algunos casos, el personal estaba al tanto de los abusos y los encubría.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, expresó su profunda preocupación por las acusaciones, afirmando que la denuncia «plantea serias inquietudes sobre los patrones de conducta o las prácticas» de Southwest Key. Becerra subrayó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de abuso sexual, acoso sexual, comportamiento sexual inapropiado y discriminación. Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden ha argumentado que las nuevas normas de seguridad para la custodia de niños migrantes hacen innecesaria la supervisión judicial especial que se implementó hace 27 años. Esta postura genera controversia y debate sobre la mejor manera de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños migrantes en custodia, en medio de las preocupaciones sobre seguridad y ética.
